Padres contra la “imposición LGTBI”: perder la custodia, multas…

Asociaciones familiares y educativas comienzan a organizarse para “plantar cara” al adoctrinamiento de sus hijos que prevén las leyes LGTBI. Una de las herramientas más útiles es la del Consentimiento Informado, que las familias pueden presentar ante su colegio.

Por José Antonio Méndez

NO PODEMOS revelar ni los nombres, ni la localidad concreta en que sucedieron los hechos, por deseo de sus protagonistas. Solo diremos que ha ocurrido hace pocos meses en una Comunidad Autónoma que ya ha aprobado una de las llamadas leyes LGTBI. Y ese detalle es importante, porque el caso al que nos referimos es el de unos padres españoles a los que temporalmente se les retiró la custodia de su hijo adolescente, acusados de un delito de homofobia.

Desaparecido sin rastro

El presunto delito era el siguiente: el joven había dicho a sus padres que aunque antes había tenido novias, ahora salía con un chico. Los padres pidieron a su hijo que no se precipitase y le dijeron que, mientras se aclaraba, no llevase al chico a casa.

Poco después, el menor desapareció sin dejar rastro y, durante días de gran angustia para los padres, ninguna autoridad les dio razón de su paradero. Gracias a un amigo del menor lograron saber que, en realidad, su hijo no se había fugado, sino que estaba acogido por los Servicios Sociales de la Comunidad, y que un juzgado había dictaminado que se les retirase la tutela del chico, al amparo de la ley LGTBI autonómica.

Cuando al fin lograron una visita con él (en presencia de un trabajador social y sin saber aún ni el porqué de la situación ni hasta cuándo duraría la separación), se enteraron de que el denunciante había sido su propio hijo, asesorado por un colectivo LGTBI. Un colectivo que, entre otras cosas, se ocupa de dar charlas sobre género en centros escolares de la Comunidad, y con el que el joven había participado en un acto reivindicativo del movimiento gay.

Finalmente, el menor retiró la denuncia y sus padres pudieron volver a tener a su hijo en casa.

A una familia española se le retiró la custodia de su hijo menor de edad, después de que un colectivo LGTBI incitase al joven a denunciar a sus padres

Tratamientos irreversibles

El caso de esta familia puede repetirse en cualquier otro punto del país (y tal vez con un desenlace menos feliz), después de que el pasado septiembre el Congreso de los Diputados admitiese a trámite una Ley LGTBI nacional.

Como explica Juan Carlos Corvera, presidente de la red de centros escolares Educatio Servanda, “tal y como está redactada la ley, los colectivos LGTBI pueden acceder sin cortapisas a los centros escolares para impartir charlas que promuevan las prácticas homosexuales, pueden diseñar currículos de asignaturas sobre género [como la que ya se ha puesto en marcha ad experimentum en 34 centros de Castilla La Mancha], aconsejar a los menores denunciar a sus padres por posibles delitos homófobos e, incluso, proponer y ejecutar tratamientos hormonales irreversibles en menores, sin informar a los padres y aun en contra de la oposición expresa de las familias”.

Los grupos LGTBI podrán ejecutar tratamientos hormonales irreversibles en menores sin informar a las familias, aconsejar a menores denunciar a sus padres por homofobia, y promover en los colegios prácticas homosexuales

Multas y sanciones

Además, Corvera señala que “los padres, tutores o centros que se opongan a esta actividad del colectivo LGTBI, o que contradigan en público o en privado la ideología de género, pueden sufrir sanciones como multas de entre 200 y 45.000 euros, o la retirada de la tutela familiar o del concierto escolar”. Multas como la impuesta a Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo ii, de Educatio Servanda, por criticar la ideología de género en una circular dirigida a los padres de los alumnos.

Ante esto, y según ha podido saber Misión, distintas asociaciones familiares y educativas preparan una batería de acciones “para defender a nuestros hijos del adoctrinamiento que quieren imponerles, y que atenta directamente contra nuestra patria potestad”, en palabras de Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad (ESEL). La suya es una de las entidades dispuestas a “dar la batalla”, junto a otras como Educación y Persona, Concapa, el Foro de la Familia y la propia Educatio Servanda.

Los padres que se opongan a la actividad del colectivo LGTBI, o contradigan en público o en privado la ideología de género, pueden sufrir la retirada de la tutela familiar y multas de entre 200 y 45.000 euros

Herramientas para padres

A través de una serie de videos cortos que se difundirán por las redes sociales, charlas, ruedas de prensa, informes jurídicos, acciones legales, guías para padres y otras herramientas puestas en manos de las familias,  “queremos que los padres tomen conciencia de que hay grupos que, siguiendo solo sus propios intereses, quieren generar confusión en nuestros hijos justo en las edades en que están conformando su identidad personal”.

“Son grupos que buscan abiertamente promover la homosexualidad y la transexualidad entre los menores, y que entran en los colegios e institutos para tratar de imponer, como un dogma indiscutible, su visión de la persona, de la sexualidad y de la sociedad, incluso aunque las familias opinen todo lo contrario”, explica Pérez Toribio.

“El Consentimiento Informado permite a las familias tomar las riendas de la educación de sus hijos y no delegarla ni en el colegio ni en ningún grupo”

Consentimiento informado

Una de las herramientas más útiles de cuantas han presentado las asociaciones familiares y educativas es el Consentimiento Informado. Se trata de un documento que los padres pueden descargar en la web de esel para presentar, de forma individual o en grupo, a la dirección de su centro y a la Asociación de Padres, y que exige, con una fundada documentación jurídica, que las familias sean avisadas de las posibles acciones que los colectivos LGTBI (u otros) quieran llevar a cabo en el centro.

“Este consentimiento –explica también Corvera– protege a los centros y sobre todo a las familias”, incluso en el caso de centros que, por distintos motivos, no se opongan a la ley, y que por tanto logra “lo principal: que las familias tomen las riendas de la educación de sus hijos y no deleguen, ni en el colegio, ni en ningún grupo”.

“Será una batalla larga, pero vamos a ir con todo nuestro esfuerzo porque está en juego nuestra patria potestad, la libertad de nuestros hijos y nuestros derechos fundamentales”, concluye Pérez Toribio.

Para descargar el Consentimiento Informado

Puedes descargar el  Consentimiento Informado en la web de ESEL o bien solicitándolo en info@españaeducaenlibertad.es

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