Padres, profesores y colegios piden frenar la imposición de la Ley Celaá

La nueva ley educativa “es un atentado contra nuestras libertades y derechos fundamentales”, explican desde la plataforma MásPlurales
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Por EditorAdmRev

Por José Antonio Méndez

“Estamos entrando en un camino de no retorno. El momento de defender nuestros derechos y los de nuestros hijos o es ahora o no será nunca”. Así de contundente se explica para Misión Jesús Muñoz de Priego, portavoz de MásPlurales, la plataforma que aglutina a las principales entidades del sector educativo para tratar de frenar la nueva reforma educativa impuesta por el Gobierno.

“De lo que hagamos ahora dependerá dejar a nuestros hijos una sociedad más libre o más totalitaria”

Contra la LOMLOE –más conocida como “Ley Celaá”, por el apellido de la ministra de Educación– MásPlurales ha logrado recoger más de un millón y medio de firmas en dos semanas, y sin contar apenas con más difusión que sus redes sociales. Los motivos de su oposición, explica Muñoz de Priego, “son tantos que parecen una catarata”: la nueva ley prohíbe los colegios concertados de ideario religioso, elimina la posibilidad de elegir centro escolar sea público o concertado, elimina de facto los colegios de educación especial, suprime la financiación a los centros concertados de educación diferenciada, elimina el castellano como lengua vehicular, permite obtener los títulos de Secundaria y Bachillerato con asignaturas suspensas, saca del currículo la clase de Religión, impone la presencia de representantes políticos en los Consejos Escolares, recupera una asignatura obligatoria similar a Educación para la Ciudadanía…

En resumen, “impone una escuela única muy controlada por el Estado, con enorme carga ideológica, en la cual las familias no tendremos libertad para elegir y donde el peligro de adoctrinamiento del Estado será mucho mayor”, afirma.

En especial resulta sangrante que se pretenda eliminar la libertad de las familias a la hora de elegir el colegio al que llevar a sus hijos, y que se suprima la financiación pública a centros con ideario propio. Dos derechos que, según ratificó en su momento el Tribunal Constitucional, nacen de aplicar el artículo 27 de la Constitución. “Las libertades contra las que atenta la Ley Celaá –argumenta el portavoz de MásPlurales– son libertades que costó mucho trabajo implantar, como para que ahora las vayamos a perder alegremente y sin pelearlas. Esta batalla está en nuestra mano como ciudadanos y es nuestra responsabilidad darla, porque de lo que hagamos ahora, tendremos una sociedad de futuro, la que legaremos a nuestros hijos, más libre o más totalitaria, más o menos democrática, con más opciones o más limitada por el Estado”.

Rechazo en todo el sector

“Además de atropellar libertades, es una ley que vuelve a los postulados que nos llevaron hace 14 años a tener los peores resultados de Europa” 

Salvo los socios parlamentarios del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, es casi imposible encontrar alguien que defienda la LOMLOE, especialmente dentro de la comunidad educativa. Incluso entidades como la asociación de padres CEAPA (vinculada a Izquierda Unida), o las ramas educativas de los sindicatos UGT (del PSOE) y Comisiones Obreras (fundado por el Partido Comunista) mantienen un significativo silencio en torno a la Ley.

El motivo de ese rechazo en la comunidad educativa, explica Muñoz de Priego, es que “además de su atropello de libertades, la Ley Celaá es una mala ley porque recupera todos los postulados de la fracasada LOE, que llevó a España a tener los peores índices europeos en calidad de la enseñanza, y las mayores tasas de fracaso y abandono escolar”. E insiste: “La ley que aprobó el PP, la LOMCE, tenía fallos. Pero cuando se estaba negociando, había un acuerdo general en la comunidad educativa y política: que la anterior ley, la LOE, había fracasado. La Ley Celaá vuelve a la loe 14 años después, y lo que va a lograr es abocar a nuestros hijos a un futuro precario, sin formación y sin libertad”. “Y ante eso –concluye– no podemos quedarnos de brazos cruzados”.   

¿Cómo frenar esta ley?

La estrategia del Gobierno ha sido clara: prisas para imponer la Ley en las aulas cuanto antes. Un ejemplo: horas después de que MásPlurales presentase ante la Delegación del Gobierno en Madrid la solicitud para una gran movilización ciudadana en coche prevista para el domingo 22 de noviembre, el Gobierno anunció que iba a adelantar la tramitación parlamentaria de la ley al jueves 19. Incluso el Colegio Oficial de Docentes ha criticado con inusitada dureza la Ley Celaá, denunciando que el viernes 13 de noviembre la Comisión de Educación del Congreso votó 900 enmiendas a la ley en una única sesión de diez horas, en la que “muchos diputados se quejaron de que no sabían ni lo que votaban”.

Como explican a Misión desde MásPlurales, “es la primera vez que la Comisión de Educación del Parlamento tramita una ley sin escuchar a nadie de la comunidad educativa”, a pesar de que, según denuncian desde la plataforma, su aplicación afecta a más de ocho millones de alumnos, de que podría obligar a los 2.100.000 alumnos de centros concertados a tener que cambiar de colegio, y de que cerca de 166.000 profesores podrían perder su trabajo.

Sin embargo, la revolución naranja que se ha levantado contra la imposición de la Ley Celaá no tiene previsto bajar los brazos. A la concentración de coches en Madrid y en otra veintena de ciudades españolas el pasado 22 de noviembre, la plataforma tiene previsto sumar nuevas iniciativas que saquen a los ciudadanos a la calle, sin saltarse las normas sanitarias imperantes. Así, cientos de miles de lazos naranjas van a repartirse en los colegios para seguir concienciando y movilizando a las familias, se llevarán a cabo jornadas informativas en los propios colegios, y la plataforma ya ha anunciado que agotará todas las medidas legales para paralizar la ley.

Así, dentro de la campaña “Más libres, más plurales, más iguales”, la plataforma ya ha pedido formalmente a todos los grupos políticos del Parlamento y del Senado que se paralice la tramitación de la Ley; se presentarán recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que incluirán la petición de suspensión cautelar de la ley en caso de que llegue a aprobarse; y se va a presentar ante el Parlamento Europeo un escrito de amparo para que la Unión Europea intervenga ante “la vulneración de la libertad de educación”.

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