Ley Celaá

La nueva ley de Educación da prioridad a la escuela pública frente a los centros concertados y privados, relega a la Religión a un papel marginal y levanta sospechas sobre una nueva dosis de ideologización de la escuela.

Por José Ramón Navarro Pareja
Si no hay contratiempos, el Congreso aprobará la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) antes de que acabe el año. Será el octavo cambio sustancial en cuarenta años para un convulso sistema educativo que, obligado a este constante vaivén legislativo, no acaba de encontrar la estabilidad necesaria para alcanzar una escuela de calidad. Son muchas las novedades que planteará a partir del próximo curso.
Polémica desde su gestación, la conocida también como Ley Celaá (por la ministra que la auspicia), está consiguiendo tiempos récord en su tramitación gracias a la argucia legal de recuperar un proyecto de ley de la legislatura anterior, lo que le ha permitido ahorrarse parte de los informes preceptivos. Más allá de los aspectos formales, la Ley Celaá plantea un nuevo escenario educativo en el que se da prioridad a la escuela pública frente a los centros concertados y privados. No en vano, Escuelas Católicas, Concapa y sindicatos como FSIE y USO han criticado que la norma “inventa un derecho a la educación pública frente al único derecho existente: el derecho a la educación”, que recoge la Constitución.

lA NUEVA LEY INVENTA UN DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FRENTE AL ÚNICO DERECHO EXISTENTE: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, RECOGIDO EN LA CONSTITUCIÓN

Estos son los aspectos más conflictivos de la Ley Celaá: 

1. Asfixia a la escuela concertada.

La escuela concertada, que escolariza a una cuarta parte de los alumnos españoles, va a ser una de las grandes damnificadas. La norma elimina el concepto de “demanda social” entre los criterios que debe tener en cuenta la administración a la hora de decidir sobre el concierto. Esto implica que, por más que un colegio esté lleno, la administración podrá no concertarlo si hay suficientes plazas en los centros públicos. “Caminamos hacia una estatalización de la enseñanza”, denuncia José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, para quien la nueva ley “deja en manos de la administración el reparto de los puestos escolares y no en las familias”. Además, la nueva ley limita parte de la autonomía que las anteriores normas reconocían a los colegios concertados. Así, introduce “un comisario político” en los consejos escolares de los centros. Se trata de un representante de los ayuntamientos que tendrá más competencias para decidir la contratación y despido del profesorado y que “puede suponer una grave cortapisa para el ideario del centro”, según denuncia Mariano Vivancos, director general de CECE-Feceval, otra de las patronales que agrupa colegios concertados y privados.

Colegios, familias y sindicatos han sumado esfuerzos en una plataforma educativa para defender el “principio de libertad de enseñanza” a través de la web concertados.edu.es y la movilización en redes sociales bajo la etiqueta #paremoslaleyCelaá.  

2. Arrincona a la asignatura de Religión. 

La asignatura de Religión católica se somete cada año a un “referéndum” del que resulta ganadora. En 2019, el 62 por ciento de los alumnos eligieron la asignatura frente a su alternativa. Sin embargo, con la nueva norma, aunque la Religión se seguirá ofertando en los colegios españoles, dejará de tener una alternativa. Además, las calificaciones obtenidas dejarán de computar para la nota media, el acceso a la Universidad y la obtención de becas. “En la práctica, es condenar a la Religión al ostracismo, ya que implica que los alumnos elijan entre estar en clase o en el patio”, señala Vivancos. 

3. Rebaja el valor del esfuerzo.

La LOMLOE pretende reducir el fracaso escolar en España, que, con un 17,3 por ciento en 2019, es el más alto de la Unión Europea. Para ello convierte la repetición de curso en un “recurso excepcional”. Pero introduce otra medida más polémica: se podrá superar y obtener el título de Bachillerato incluso con una asignatura suspensa. En la ESO, los alumnos que suspendan más de dos materias podrán pasar de curso si así lo consideran los profesores. “Son buenos deseos, pero para evitar la repetición no hay que prohibirla, porque es esconder la realidad. Lo que hay que hacer es dotar de más recursos para atender mejor a los alumnos. Aprobar el Bachillerato con asignaturas suspensas es rebajar el valor del esfuerzo”, señala Alvira. 

4. Pone en jaque a la Educación Especial. 

Se especuló que la nueva ley pretendía acabar con los centros de Educación Especial. En la práctica, la norma establece un plazo de diez años para que el Gobierno y autonomías consigan que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Aunque “la ministra ha dicho que no peligra la continuidad de los centros de Educación Especial, en la práctica supone sacar a estos alumnos de un sistema que ha funcionado”, afirma Vivancos. “Estos alumnos necesitan el trabajo de especialistas, ratios muy bajas y, por tanto, muchos medios económicos. Está muy bien el planteamiento de la integración, pero si no hay dinero, será un brindis al sol”, añade. 

5. Impone nuevas vías para ideologizar la enseñanza. 

La sombra de la ideologización se cierne también sobre la Ley Celaá. Aunque los contenidos concretos no se conocerán hasta que se desarrolle el currículo, la nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos, obligatoria para algunos cursos de Primaria y ESO, “podría ser una nueva Educación para la Ciudadanía, con todo el sesgo ideológico que ello tiene”, alerta Vivancos. También la referencia expresa de la ley al “respeto a la diversidad afectivo-sexual” es vista con recelo desde la concertada, como una posible vía para imponer un modelo de educación sexual “que puede ir contra el ideario de muchos centros, sean o no católicos.
Puedes encontrar este artículo en el número 57 de la revista Misión.
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